Todos sabemos de la corrupción en Honduras, del escándalo Pandora (el más reciente) en donde se procesó a 38 personas incluyendo varios diputados y ex funcionarios; del desfalco del IHSS, a donde a altos ejecutivos de la institución estructuraron una compleja red de sobre valoraciones y fraudes a costa de los abonados; y otros escándalos más que han pasado a la historia como prueba manifiesta de que la corrupción es un cáncer presente en la vida política de Honduras. Pero contrario a lo que pareciera, la corrupción no es algo nuevo en el país, ya en 1821 se registra en la historia la fuga del tesorero de la ciudad de Real de Minas de Tegucigalpa, José María Midence con más de diez mil pesos en plata, dejando la ciudad en bancarrota.
Muchos de los responsables de la corrupción en Honduras son hombres que nunca respondieron por sus acciones, algunos aún se pasean impunes ante los ojos de la Historia.
En esta primera entrega de nuestra sección «Desclasificados», haremos memoria del escándalo de la quiebra de CONADI, un proyecto que surgió como esperanza para sacar al país del subdesarrollo y que terminó sirviendo para enriquecer a individuos inescrupulosos que luego se vendían como baluartes de la moral y la libre empresa. Uno de ellos, el magnate de la agroindustria, Miguel Facussé Barjum.
Miguel Facussé Barjum (14 de agosto de 1924, Tegucigalpa-23 de junio de 2015, Tegucigalpa), a principios del siglo XXI, considerado el hombre más rico de Honduras y uno de los más ricos del América Latina.
La Corporación Nacional de Inversiones, CONADI, fue creada en 1974 por el gobierno militar de Osvaldo López Arellano. Al tomar el poder Juan Alberto Melgar Castro concluye el proyecto que surgió a iniciativa de la empresa privada, que dirigía en ese entonces el industrial Miguel Facussé.
Se creó como parte de la estrategia para consolidar el nuevo modelo de desarrollo e industrialización por sustitución de importaciones. Se sabía que la economía agraria del país resultaría insuficiente para las últimas décadas del siglo y se buscaba crear las condiciones necesarias para un proceso de industrialización.
En teoría, el Estado iba a servir como un impulsor para colocar a Honduras en la era industrial, sacarnos de las condiciones semi feudales que vivía el país y colocarnos, finalmente, en la segunda mitad del siglo XX.
En la administración del general Juan Alberto Melgar Castro se crea CONADI (1974). Gracias a su estrecha amistad con los militares, Miguel Facussé logra que el estado de Honduras sea aval en los préstamos para consolidar sus entonces pequeñas empresas Químicas Dinant y Comercial e inversiones Galaxia.
Miguel Facussé, entonces un empresario de 50 años, tenía una sólida amistad con los gobiernos militares. Eso le permitió conseguir el aval solidario del Estado a través de la CONADI y logra algunos préstamos con instituciones bancarias del extranjero por los montos de L. 2,529,397.00 Bank Of América y L. 11,239,318.00 Lloyds Bank International, para hacer un capital de 13 millones 768 mil 715 lempiras, en ese tiempo casi 7 millones de dólares.
Paso 1: El Empresario se endeuda con un banco extranjero para formar una empresa.
Con ese capital expandió su pequeña industria y la registró como Quimicas Dinant de Centro América S.A de C.V., que dedicaba su producción principalmente a los jabones.
También fundó la empresa Comercial e Inversiones Galaxia S.A. de C.V. ambas con garantía hipotecaria de CONADI.
Ya en el período democrático, electo Roberto Suazo Córdova, Miguel Facussé se convierte en consejero económico de la presidencia. Facussé convenció a ROSUCO, que la manera de fortalecer el desarrollo del país era mejorando la economía nacional.
MIGUEL FACUSSÉ, EL ALQUIMISTA
Honduras en ese tiempo sufría de un déficit de divisas. El país apenas producía para la exportación y lo poco que generaba se iba para pagar la deuda externa que para entonces comenzaba a crecer. Miguel Facussé entonces, como consejero económico de la presidencia, le presenta al presidente Roberto Suazo Córdova, la formula para evitar la fuga de divisas, convirtiendo la DEUDA EXTERNA de Honduras EN DEUDA INTERNA.
Paso 2: El Estado es aval de la deuda.
La conversión de la deuda externa por interna se habría de realizar mediante las “acreedurías”, es decir que el Estado pagara todos los activos que debían las empresas por él avaladas a bancos extranjeros y adquiriera los activos y títulos valores de éstas.
O sea, el Estado en vez de ser aval, sería dueño de las empresas.
Paso 3: El Estado paga la deuda.
Luego el Estado debía pasar los activos de estas empresas creadas, a la empresa privada mediante la venta de dichas empresas en subastas públicas. De esa forma el Estado recuperaría su inversión y los empresarios podrían exportar y traer divisas frescas porque estas ya no quedarían en los bancos extranjeros.
Allí estaba la trampa.
Las empresas estatales también estaban insertas en la CONADI: COHDEFOR, BANADESA Y COHBANA.
En CONADI existían activos distribuidos en 68 empresas deudoras y avaladas por un monto de 496.8 millones de lempiras, entre ellas Quimicas Dinant y Empresa de Inversiones Galaxia de Miguel Facussé Barjum.
A partir del 26 de septiembre de 1985 se legalizó la privatización de estas empresas que el Estado había adquirido en esta modalidad. Se llevaría a cabo a través de subastas públicas y compra de acreedurías, previo avalúo de los bienes de cada empresa.
Recordemos que para ese tiempo el Estado era el dueño de las empresas, puesto que las había adquirido a través de CONADI comprando la deuda con bancos extranjeros. En el caso de Miguel Facussé, este logró que CONADI, siendo aval de Quimicas Dinant de Centro América S.A. de C.V. se convierta en deudor de Bank Of América y Lloyds Bank International por un monto de 13 millones 768 mil 715 lempiras y así de simple, Quimicas Dinant quedó sin deudas.
Paso 4: El Estado vende la empresa al Empresario y este la adquiere con préstamo de banco nacional.
Las subastas públicas se realizaron de 1986 a 1988 pero fue un fracaso porque los activos fueron subvaluados y las empresas compradas a precios inferiores a su valor e incluso, en algunos casos, se aceptó pagarés por activos.
El Estado vendió las empresas a un precio muy por debajo del valor como fueron adquiridas al comprar las deudas.
Paso 5: El empresario que administra la empresa X, en sociedad con ejecutivos de CONADI, subvalúan las acciones de la empresas que el Estado les compró y ahora les vende, para así adquirirlas a precio de gallo muerto.
Miguel Facussé compró en subasta la empresa Mejores Alimentos de Honduras mediante un pagaré por un valor de 25 millones 175 mil 428 lempiras con 07 centavos.
Pero cuando llegó el turno de la subasta de las empresas de Facussé, este le recordó a la junta directiva de CONADI que él aportaba un 10% de capital sobre exportaciones al capital de base de la Corporación y como tal tenía derecho al pago de participación industrial.
Miguel Facussé y el presidente de CONADI Jorge Epaminondas Craniotis eran íntimos amigos. CONADI aceptó estar en deuda con Facussé y como este a su vez estaba en deuda con CONADI por la compra de Mejores Alimentos, el 19 de enero de 1988, mediante el instrumento legal No.3 y ante el abogado y notario Marco Tulio Hernández Reyes, y con la complicidad del gerente de Mejores Alimentos, Darío Humberto Hernández, y el presidente ejecutivo de CONADI, Jorge Epaminondas Craniotis, reconocieron la existencia de obligaciones recíprocas por la prestación de servicios y suministros y acordaron resolver las mismas por la vía extra judicial.
Las obligaciones y los acuerdos concertados consistían en el reconocimiento de Mejores Alimentos de tener una deuda por la suma de 27 millones 397 mil 108 lempiras con 10 centavos con Quimicas Dinant de Centro América y Comercial de Inversiones Galaxia. Así mismo Galaxia reconoció tener una deuda por la compra de Mejores Alimentos a CONADI por la suma de 25 millones 175 mil 428 lempiras con 07 centavos. En consecuencia “las partes de común acuerdo aceptan las compensaciones de créditos otorgados, y de este modo Mejores Alimentos fue entregada a Miguel Facussé para saldar una deuda con sus empresas. Facussé por su parte y en aras del espíritu de conciliación y con el propósito de solventar los problemas mediante una solución negociada” le condonó la diferencia de 2 millones 217 mil 680 lempiras con 03 centavos a CONADI.
Miguel Facussé entonces, en alianza con el presidente de CONADI Jorge Epaminondas Craniotis, compró en subasta la empresa Mejores Alimentos de Honduras mediante un pagaré, a cambio de los activos de dicha empresa por un valor de 25 millones 175 mil 428 lempiras con 07 centavos.
Paso 6: El empresario «compra» una empresa X con un pagaré, luego convence al Estado que éste le debe por haber fundado la empresa Y que pagó al banco extranjero y hace uso de la alquimia. X+Y=0
Negocio redondo, como buen estafador, Miguel Facussé hizo que el Estado de Honduras asumiera la deuda de su empresa Químicas Dinant de Centro América y Comercial de Inversiones Galaxia y luego logró que le regalara Mejores Alimentos.
Dos empresas por el precio de… nada.
El 06 de Junio de 1988, la junta directiva de CONADI demandó a la empresa Galaxia de Facussé por considerar ilegal el instrumento No.3, en el que se fundó la transacción, no fué conocido y aprobado en sesión ordinaria de la junta, según reglamento de CONADI, por lo que se declaró ilegal. Se presentó por parte de la defensa de Facussé una excepción dilatoria de transacción, y no contestó la demanda.
En fecha 13 de Agosto de ese mismo año, el juez Rubén Darío Núñez, que conoció del caso, declaró con lugar la excepción alegada por Inversiones Galaxia S.A. de C.V., la sentencia del juez Núñez fue apelada y conocieron los magistrados Justo Abel Gálvez, Héctor Efraín Fortín Pavon y Juan Roberto Murillo, ratificando la decisión del juez Núñez.
A partir de 1989, la privatización de Honduras continuó bajo la modalidad de acreedurías, sistema mediante el cual el gobierno autorizó al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) a comprar las acciones de CONADI, y el banco estatal a su vez pagó los préstamos que las empresas de CONADI tenían con los bancos del extranjero, convirtiendo así la deuda externa en deuda interna.
Rafael Leonardo Callejas, presidente de Honduras 1990-1994.
LA CANCELACIÓN DE CONADI
En 1990 llega a la presidencia el nacionalista Rafael Leonardo Callejas, también íntimo amigo de Miguel Facussé. La llegada de Callejas al poder representa para Miguel Facussé una victoria, pues con él se consolidan años de trabajo con la ya desaparecida APROH. Aunque Miguel Facussé había apostado a ambos bandos, Callejas compitió en esas elecciones contra su sobrino Carlos Flores Facussé.
¿Qué era la APROH?
En 1981 se creó la Asociación para el Progreso de Honduras APROH, una organización corporativa presidida por el jefe de las Fuerzas Armadas Gustavo Álvarez Martínez. La APROH era el verdadero poder de Honduras, para lo cual usaba, según las circunstancias a los dos partidos tradicionales (Nacionalista y Liberal) o al Ejército. El Presidente de APROH era el jefe de las fuerzas armadas y el vicepresidente el empresario Miguel Facussé Barjúm. Rafael Leonardo Callejas era secretario de asuntos obreros y estudiantiles; estaban también Oswaldo Ramos Soto, para entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); José Rafael Ferrari, dueño de la única televisora del país; Fernando Casanova, Rigoberto Espinal Irías, Benjamín Villanueva; los ex dirigentes sindicales Andrés Víctor Artiles y Mariano González; Osmond Maduro, hermano del ex Presidente Ricardo Maduro Joest.
El 29 de septiembre de 1990, mediante Decreto de Ley No. 106-90 se creó la Ley para la cancelación y liquidación de CONADI, haciendo énfasis en que se debía proceder por la vía judicial contra los que cometieron actos dolosos contra CONADI.
CONADI ya estaba en quiebra. El dinero que el Estado había invertido para desarrollar la industria se había perdido. Los deudores no pagaban y no había forma de recuperar la deuda.
LOS PROCESOS LEGALES
En enero de 1991, el Procurador General de la República, Leonardo Matute Murillo acusó criminalmente a Miguel Facussé Barjum, Jorge Epaminondas Craniotis, Darío Humberto Hernández y Rubén Darío Núñez, por los delitos de Estafa, Fraude, Malversación de Caudales Públicos, y Prevaricato en perjuicio de CONADI.
Esas demandas nunca prosperaron; entonces el Procurador General de la República, Leonardo Matute Murillo procedió en contra del presidente de CONADI y su apoderado legal.
El 2 de julio de 1990 el Abogado Matute Murillo, en su condición de Procurador General de la República y apoderado legal de la CONADI, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de Francisco Morazán presentado Acusación Criminal contra los señores: Jorge Epaminondas Craniotis y el apoderado legal de CONADI, el abogado Óscar Raúl Matute Cruz por los delitos de FRAUDE Y ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de su representada la CONADI.
Óscar Raúl Matute Cruz sería luego Secretario de Estado de Gobernación y Justicia en la administración de facto de Roberto Micheletti Baín, en 2009.
El 4 de julio de 1990 el Abogado Óscar Raúl Matute Cruz se presentó voluntariamente ante el Juzgado Segundo de Letra conocedor de los autos, y en relación a la Acusación criminal que le incoara en su contra, prestó su declaración indagatoria ante el Juzgado Instructor ordenándose en la misma fecha su detención en la Penitenciaria Central por el término de Ley para inquirir.
Mediante providencia de fecha 10 de julio de 1990 el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de Francisco Morazán decretó la libertad provisional del procesado por no haber mérito suficiente para decretar auto de prisión en su contra.
El Abogado Leonardo Matute Murillo pidió reposición y subsidiariamente apelación, siendo denegado el recurso de reposición y en el efecto devolutivo se admitió la apelación interpuesta en auto de fecha 11 de julio de 1990.
El 20 de diciembre de 1990, la Corte Primera de Apelaciones dictó sentencia mediante la cual falló Declarando con lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Leonardo Matute Murillo; revocó el auto de fecha 10 de julio de 1990.
El 21 de diciembre de 1990 y contra la anterior resolución el Abogado Marco Tulio Hernández Reyes, actuando en representación de Abogado Oscar Raúl Matute C., interpuso recurso de reposición, ante la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, siendo declarado dicho recurso sin lugar en auto de fecha 2 de enero de 1991. No obstante lo anterior, en la sentencia dictada por el Tribunal de Segunda Instancia, al revocar la resolución en que el Juez de Letra Segundo de lo Criminal, se ordenó la libertad del encausado por considerar que no había mérito para decretarle auto de prisión.
En 1994, el tribunal de segunda instancia resolvió el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Elena Matute de Hernández a favor del Abogado Óscar Raúl Matute Cruz, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte Primera de Apelaciones mediante la cual declaraba con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Leonardo Matute Murillo, en relación a la Acusación Criminal por los delitos de Fraude y Estafa continuada contra los señores Jorge Epaminondas Craniotis, presidente de CONADI y Óscar Raúl Matute Cruz.
En su defensa, el abogado Óscar Raúl Matute Cruz expuso los casos en los que actuó en representación de CONADI, argumentando que hizo todo lo posible para cobrar las deudas de las empresas que habían desfalcado al Estado de Honduras.
Uno de los casos que documentó y que perdió por inacción, fue la demanda contra la Sociedad Mercantil CAPITALES DE HONDURAS (HONDUCAP) y los señores FAIZ y FEIZAL SIKAFFY.
Según la contestación de la demanda del abogado de CONADI Oscar Matute, las empresas de los hermanos Sikaffi tenían una deuda con CONADI por ocho punto cinco millones de lempiras y otro por cuatro millones de lempiras, deudas que fueron dejadas prescribir al dejarse vencer el pagaré respectivo.
Consta documentalmente en el proceso la instrucción precisa para llevar el juicio ordinario contra los señores SIKAFFY teniendo en poder de CONADI dos títulos valores, un pagaré por ocho punto cinco millones de lempiras y otro por cuatro millones de lempiras, deudas que fueron dejadas prescribir.
A criterio del abogado Matute, era mejor investigar sumariamente quienes eran los responsables de haber dejado prescribir esos títulos.
Afirmó además que demandó también a la empresa INDUCASA y promovió demanda en representación de CONADI contra COMERCIALES E INVERSIONES GALAXIA, de Miguel Fasusse, así como llevó la defensa en la demanda que ésta promovió a MEJORES ALIMENTOS DE HONDURAS en virtud de haberse rematado la misma, acción de remate que ocurrió a cargo de la Abogada Elizabeth Chuiz Sierra.
El Abogado MATUTE, conoció también los casos ya que fue contratado por la Sociedad Mercantil MENDIETA Y ASOCIADOS S. DE R.L., Propiedad del abogado Marco Tulio Mendieta, para el saneamiento de COMERCIAL CONTESSA Y CONTESSA INDURTRIAL, S.A DE C.V.
Durante sus últimos años, muchos abogados suscribieron contratos para la prestación de servicios profesionales para CONADI. Así lo afirmó el abogado Matute Cruz en su defensa, señalando como ejemplos a los Abogados ELIZABETH CHIUZ SIERRA, DOUGLAS DIAZ, RENE VELÁSQUEZ, CARLOS GOMEZ MORENO y otros.
Las deudas sin embargo, no se hicieron efectivas, declarándose finalmente en quiebra.
Al ganar la presidencia Rafael Leonardo Callejas, nombra en la Corte Suprema de Justicia como presidente al abogado Osvaldo Ramos Soto, también miembro de la APROH e íntimo amigo de Miguel Facussé.
Al ganar la presidencia Rafael Leonardo Callejas Romero, Miguel Facussé se vuelve fiel aliado de su gobierno y nombran en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a quien había sido miembro de la APROH, el abogado Osvaldo Ramos Soto.
En 1992 el gobierno de Callejas Romero, con Rodolfo Irías Navas en la presidencia del Congreso Nacional, hacen que BANADESA condone las deudas agroindustriales argumentando que eran impagables, y que únicamente generaban trabajo administrativo. En dichas condonaciones también se incluyeron los dineros de CONADI pagados por BANADESA a bancos extranjeros y que ahora le debían los empresarios.
Ese mismo año, la Junta Liquidadora de CONADI rindió su último informe y desapareció.
El caso contra inversiones Galaxia fué a casación y el abogado Oswaldo Ramos Soto en sesión del pleno falló a favor de Miguel Facussé Barjum.
Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que declaró a Facussé hombre del año en 1993, la fortuna de este hombre ascendía a ese año, a los 2 mil millones de lempiras.
A partir de 1993, aquella pequeña industria que creció desfalcando el fisco hondureño, se convirtió en la poseedora de la patente y distribución en toda Centro América de las marcas Colgate, Palmolive, Fresca, Churritos Fiestas, Naturas, Élite, Maseca, Tredia y otras. Todas estas marcas agrupadas en una corporación de empresas conocida como “CORPORACIÓN CRESSIDA”.
Con el dinero que Miguel Facussé percibió de forma fraudulenta de parte de CONADI y el Estado hondureño, y con el apoyo de la Ley de Modernización Agrícola que aprobara el gobierno de Callejas en los años noventa, comenzó a comprar grandes extensiones de tierra en el bajo Aguán, una zona que debió ser para campesinos beneficiados de la reforma agraria y se convirtió, todavía, en una de las zonas más conflictivas del país.
A mediados de 1984, la Conferencia Episcopal de Honduras afirmó en un comunicado que: «Documentos fehacientes nos revelan que algunos empresarios privados son responsables de cerca del 25% de la deuda externa de Honduras y tienen también deudas millonarias locales, que han provocado crisis en instituciones del Estado. Si dichos empresarios pagaran sus deudas con el Estado, no se tendría necesidad de poner nuevos impuestos al pueblo hondureño».
Los alcaldes municipales deberían jugar un papel clave e importante en este asunto, ya que son los responsables de emitir constancias de posesión, realizar levantamientos topográficos, autorizar lotificaciones y coordinar los trámites con las dependencias estatales. así como los contribuyentes quienes están en su deber de acudir a las alcaldías municipales, obtener información catastral y realizar pagos de impuesto predial, inclusive en algunos casos iniciar los trámites de regulación predial.
El problema de tierra en Zacate Grande es algo que ya se maneja en la administración de Xiomara como una prioridad por arreglar antes de la salida de su periodo como presidenta, ante la promesas de un Ferrocarril inter-oceánico y la necesidad de reabrir el puerto de Amapala el gobierno primero deberá brindar seguridad jurídica a las comunidades que han habitado esa península por décadas, quienes al no poseer títulos de propiedad han enfrentado constantes y diversas amenazas de desalojo, de enviarlos a la cárcel y en algunos casos de atentados contra sus vidas.
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