lunes, 25 de agosto de 2025
domingo, 3 de agosto de 2025
jueves, 24 de julio de 2025
La tierra está contaminada.
martes, 29 de abril de 2025
sábado, 26 de abril de 2025
sábado, 5 de abril de 2025
miércoles, 19 de marzo de 2025
Honduras: Entre la promesa Socialista y la Realidad Politica
La política hondureña enfrenta un desafío crítico en la instrumentalización de los programas sociales como herramientas de manipulación electoral, una práctica que no solo distorsiona los principios democráticos, sino que también perpetúa la desigualdad y el clientelismo. Este fenómeno se ha evidenciado recientemente en las denuncias contra el Movimiento 28 de Junio (M28), acusado de utilizar recursos estatales para consolidar su liderazgo en las elecciones primarias del partido Libre.
El uso de programas sociales con fines políticos no es nuevo en Honduras. Durante gobiernos anteriores, como el del Partido Nacional, se implementaron estrategias similares, donde iniciativas como el "Bono 10 Mil" o las "Bolsas Solidarias" fueron utilizadas para crear redes clientelares y asegurar votos en años electorales. Estas prácticas han sido señaladas como una forma de asistencialismo que fomenta la dependencia y mina la dignidad de los ciudadanos al convertir derechos sociales en instrumentos de control político.
En el caso del M28, las denuncias incluyen amenazas a beneficiarios de programas sociales con la suspensión de beneficios si no apoyaban al movimiento, así como la compra directa de votos. Estas acciones no solo generan divisiones internas en el partido Libre, sino que también debilitan la confianza pública en los procesos democráticos y en los ideales que el partido dice representar.
Estas prácticas tienen consecuencias profundas. En primer lugar, desvirtúan los programas sociales diseñados para combatir la pobreza, desviando recursos destinados a los más vulnerables hacia fines políticos. En segundo lugar, refuerzan un modelo político basado en el clientelismo y el oportunismo, alejándose de cualquier visión transformadora o inclusiva. Finalmente, estas acciones erosionan la legitimidad del sistema democrático, alimentando el desencanto ciudadano y fortaleciendo narrativas de corrupción.
Es urgente realizar auditorías independientes sobre el uso de los recursos destinados a programas sociales para garantizar que sean empleados exclusivamente para su propósito original.
Fomentar la supervisión comunitaria en la implementación de estos programas puede ayudar a evitar su manipulación política.
Promover una mayor conciencia entre los ciudadanos sobre sus derechos y sobre cómo identificar y denunciar prácticas clientelistas.
Los responsables de estas irregularidades deben ser investigados y sancionados conforme a la ley para disuadir futuras prácticas similares.
El uso oportunista de programas sociales con fines políticos refleja una crisis ética y estructural en el sistema político hondureño. Revertir esta situación requiere un compromiso firme con la transparencia, la justicia social y la construcción de un modelo político que priorice los intereses colectivos sobre las ambiciones personales o partidistas. Solo así se podrá avanzar hacia una democracia más auténtica e inclusiva en Honduras.
sábado, 8 de marzo de 2025
Comunicador Exiliado menciona a Alberto Cruz Tico por presunto lavado de dinero
sábado, 22 de febrero de 2025
Zacate Grande: Entre la Belleza Robada y la Lucha por la Dignidad
El paraíso cercado por muros de privilegio
En las zonas más privilegiadas de Zacate Grande, grandes mansiones de lujo se asoman al mar desde las colinas. Estas propiedades, muchas veces pertenecientes a empresarios o políticos adinerados, están rodeadas de jardines perfectamente cuidados y cuentan con acceso privado a playas exclusivas. En estas residencias, los dueños disfrutan de todas las comodidades modernas: piscinas infinitas, yates anclados en muelles privados y vistas panorámicas del Golfo. Para ellos, Zacate Grande no es más que un refugio vacacional, un escape del bullicio de las ciudades.
Estas fortunas han transformado partes de la isla en zonas privadas, inaccesibles para los locales. Los caminos que conducen a ciertas playas o áreas naturales están bloqueados por portones y guardias de seguridad. La riqueza aquí es evidente, pero también lo es su desconexión con el resto de la isla.
La pobreza sin escapatoria
A pesar de todo, en medio de esta adversidad, Puerto Grande ha demostrado un espíritu resiliente al organizarse para construir calles con cemento hidráulico gracias a fondos enviados por migrantes en Estados Unidos y España. Este esfuerzo comunitario ha generado empleo temporal y reducido ligeramente la migración forzada. Sin embargo, esta dependencia casi absoluta de las remesas es insostenible y representa una vulnerabilidad crítica. ¿Qué ocurriría si estos flujos cesaran? ¿Por qué el gobierno no interviene para garantizar oportunidades económicas locales que reduzcan esta dependencia?
El conflicto por la Tierra y el libre acceso a las playas
Estos conflictos han generado tensiones sociales profundas. Mientras los ricos construyen muros para proteger sus propiedades más de 30 playas fueron privatizadas sin que el Estado intervenga, lo cual demuestra una falta de capacidad del Gobierno y Municipalidad de Amapala en defender la prevalencia de lo público ante lo privado.
En 1993 mediante decreto 001-93 Zacate Grande recibe el estatus de Reserva Forestal del Sur, sin embargo esto no ha sido impedimento para que los nuevos dueños adquieran títulos de propiedad en las áreas protegidas y continúen con las prácticas de despojo a las comunidades originales.
Actualmente esta área está en poder de terratenientes, que nos son dueños históricos de la tierra y a las cuales los habitantes originales no tienen acceso. pero no todo ha sido fácil para los terratenientes, han tenido que amenazar a Líderes comunitarios con la intención de intimidarlos para que estos no reclamen sus Derechos, durante 9 años 31 personas vivieron procesados por los Facusse y que hasta que el delito prescribió pudieron obtener sus cartas de libertad, desde el 2000 hasta la fecha 74 miembros de las comunidades de Zacate Grande fueron enjuiciados y procesados por delitos relacionados a la tierra y las playas, lo cual genera gran preocupación en la población por la negligencia del gobierno y la falta de compromiso en la aplicación del proyecto de Medición Predial como una ley que impida la privatización de playas y la construcción en Mar adentro sin los permisos ambientales correspondientes.
El Futuro de Puerto Grande: Ecoturismo y Conservación como Motores de Desarrollo Sostenible
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Los manglares son mucho más que árboles que crecen en aguas salobres; son ecosistemas esenciales que actúan como criaderos naturales para moluscos y peces, protegen las costas contra la erosión y absorben grandes cantidades de carbono. En Puerto Grande, estas áreas han sido históricamente fundamentales para la pesca artesanal, una actividad que ha sostenido a generaciones. Sin embargo, el uso desmedido de los recursos, la falta de regulación y el impacto del cambio climático han comenzado a amenazar su equilibrio.
Frente a esta realidad, surge una oportunidad única: convertir los manglares en el eje central de un modelo sostenible que combine la conservación ambiental con el desarrollo económico. La comunidad ya ha demostrado su capacidad para impulsar iniciativas autónomas; ahora, el reto es consolidar esas acciones y convertirlas en un motor económico y duradero.
Los chiqueros para sardinear, las piedras que salen en marea baja durante las repuntas al frente del Curil (Las Ahogadas), el estero que conduce hasta el centro de la comunidad, los botoncillos del panteón, como los de las la isla de Buyayo, sin contar la isla de los pájaros y sus pedreros a su al rededor, con todos estos recursos, una comunidad bien organizada por hacerlos producir de manera responsable y con el apoyo de autoridades competentes estas comunidades estarían en las puertas hacia un verdadero Desarrollo.
Ecoturismo: Una Puerta Hacia el Desarrollo Sostenible
El ecoturismo se presenta como una estrategia clave para diversificar las fuentes de ingresos en Puerto Grande. A diferencia del turismo masivo, este modelo promueve un enfoque responsable y respetuoso con el medio ambiente, atrayendo a visitantes interesados en conocer y preservar la riqueza natural del lugar.
Rutas ecoturísticas podrían ser diseñadas para mostrar a los turistas la belleza y biodiversidad de los manglares como en el Estero de la Joya y Playa Julian. Imagina senderos elevados construidos con materiales sostenibles que permitan a los visitantes caminar entre los árboles mientras observan aves exóticas o escuchar el susurro del agua. Guías locales capacitados podrían ofrecer recorridos educativos donde expliquen la importancia del ecosistema y cómo los manglares actúan como pulmones verdes del planeta.
Además, se podrían organizar experiencias inmersivas, como talleres prácticos donde los turistas aprendan sobre la recolección sostenible de curiles o participen en actividades comunitarias de reforestación. Estas experiencias no solo generarían ingresos directos para las familias locales, sino que también crearían conciencia global sobre la necesidad de proteger estos ecosistemas.
Criaderos Comunitarios: Un Modelo Sostenible
Otro componente esencial del desarrollo sostenible es el establecimiento de criaderos controlados dentro de los manglares. Estas áreas designadas permitirían cultivar curiles, almejas, cascos y ostiones bajo prácticas sostenibles que aseguren tanto la regeneración natural como la estabilidad económica.
La implementación de estos criaderos requeriría programas de capacitación técnica para enseñar a las comunidades técnicas modernas de acuicultura sostenible. Esto no solo mejoraría la productividad, sino que también garantiza que las prácticas sean compatibles con la conservación del ecosistema. Con el tiempo, estos criaderos podrían convertirse en una fuente confiable de ingresos para las familias locales e incluso abrir oportunidades para exportar productos marinos a mercados nacionales e internacionales.
La Participación Comunitaria: El Corazón del Cambio
Cualquier estrategia exitosa debe estar profundamente arraigada en la participación activa de la comunidad. En Puerto Grande, las familias locales no solo deben ser beneficiarias del ecoturismo y los criaderos; deben ser líderes en su diseño e implementación. Esto implica crear espacios donde las voces comunitarias sean escuchadas y donde las decisiones se tomen colectivamente.
Además, es fundamental garantizar que los beneficios económicos se distribuyan equitativamente entre todos los miembros de la comunidad. Esto podría lograrse mediante cooperativas comunitarias que gestionen tanto las actividades turísticas como los criaderos, asegurando así que los ingresos generados se reinvierten en proyectos locales como infraestructura básica, educación o salud.
Educación Ambiental: Sembrando Futuro
El éxito a largo plazo dependerá también de un cambio cultural hacia una mayor conciencia ambiental. Las campañas educativas dirigidas tanto a adultos como a niños pueden jugar un papel crucial en este proceso. Por ejemplo, talleres sobre el valor ecológico del manglar o actividades escolares centradas en su conservación pueden ayudar a formar una nueva generación comprometida con proteger su entorno.
Estas iniciativas no solo sensibilizarían a la población local sobre la importancia del manglar como recurso vital, sino que también fortalecerían su sentido de pertenencia e identidad con su tierra.
Un Futuro Prometedor
El camino no será fácil; requerirá inversión inicial, alianzas estratégicas con organizaciones ambientales y apoyo gubernamental. Pero lo más importante es que requerirá el compromiso inquebrantable de sus habitantes. Si logran unir esfuerzos para proteger sus manglares mientras aprovechan su potencial económico, Puerto Grande no solo podrá superar sus desafíos actuales; también podrá construir un futuro donde prosperidad y sostenibilidad vayan de la mano.
En este rincón del Golfo de Fonseca yace una oportunidad única: demostrarle al mundo que es posible crecer económicamente sin sacrificar lo más valioso que tenemos, nuestra conexión con la naturaleza.
viernes, 21 de febrero de 2025
¿Y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que ha hecho por tu comunidad?
´A pesar de las normas que prohíben el uso electoral de los programas sociales, existen antecedentes claros de cómo políticos han instrumentalizado a SEDESOL, para influir en elecciones´
El uso de SEDESOL en campañas políticas: una práctica que perpetúa el clientelismo en Honduras
En Honduras, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ha sido señalada en diversas ocasiones como una herramienta utilizada por políticos para promover campañas electorales, especialmente en zonas rurales y empobrecidas. Aunque su objetivo oficial es implementar programas sociales para reducir la pobreza, existen denuncias sobre cómo estos recursos han sido manipulados con fines partidistas.
Un ejemplo recurrente es el uso de programas sociales para condicionar el apoyo electoral. En algunos casos, candidatos han entregado bonos, alimentos o ayudas económicas provenientes de SEDESOL durante eventos públicos, vinculando estos beneficios directamente a sus campañas. Esto genera dependencia y fidelidad política entre las comunidades más vulnerables, quienes ven estas ayudas como un favor personal del candidato en lugar de un derecho ciudadano.
Además, informes han señalado que ciertos funcionarios asignados a SEDESOL son seleccionados por afinidades políticas y no por méritos técnicos, lo que facilita la instrumentalización de los programas sociales. Este patrón refuerza redes clientelares que afectan la transparencia y equidad en los procesos electorales.
El caso más emblemático es el desvío de fondos públicos hacia campañas políticas, como ocurrió con el "Caso Pandora", donde millones de lempiras destinados a proyectos sociales fueron redirigidos para financiar actividades partidistas. Aunque no directamente relacionado con SEDESOL, este caso refleja una práctica extendida en las instituciones públicas.
Para combatir esta problemática, es esencial fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción, asegurando que los recursos de SEDESOL sean utilizados exclusivamente para su propósito original: mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables sin condicionamientos políticos.
Durante el año 2024, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en colaboración con la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), emprendió un ambicioso proyecto para elaborar una base de datos que serviría como pilar del plan de refundación impulsado por el gobierno. Este esfuerzo no solo buscaba recopilar información detallada sobre Zacate Grande, sino también abarcar todo el municipio de Amapala, con el objetivo de identificar necesidades críticas y diseñar soluciones efectivas.
Uno de los temas más destacados en esta iniciativa fue el análisis del acceso y la calidad educativa en la región. Las comunidades enfrentan problemas estructurales graves: aldeas como El Novillo, El Jocote, El Zope y Playa Blanca cuentan únicamente con centros educativos que ofrecen hasta sexto grado, lo que limita significativamente las oportunidades de educación secundaria. Aunque aldeas como La Flor y La Pintadillera disponen de Centros de Educación Básica (CEB) que llegan hasta noveno grado, los estudiantes enfrentan barreras económicas y logísticas para continuar sus estudios superiores. Estas dificultades incluyen costos elevados de transporte y la necesidad de trasladarse a otras localidades.
La calidad educativa también es motivo de preocupación. En comunidades como Puerto Grande y La Pintadillera, los habitantes han expresado su descontento por la falta de preparación del personal docente, señalando que muchas designaciones responden a afinidades políticas en lugar de méritos académicos. Además, las infraestructuras escolares presentan condiciones deplorables: techos deteriorados, falta de agua potable y espacios insuficientes para atender a la población estudiantil.
Otro desafío crítico es la deserción escolar. En comunidades como La Pintadillera y Playa Blanca, los altos costos asociados al transporte obligan a muchos jóvenes a abandonar sus estudios y dedicarse a actividades económicas locales, perpetuando así un ciclo de pobreza.
Frente a esta realidad, surge una pregunta inevitable: ¿qué ha hecho el gobierno para mejorar la calidad educativa en estas comunidades? Si bien iniciativas como las desarrolladas por SEDESOL junto a ADEPZA representan un paso importante hacia la identificación de problemas, aún se requiere una intervención estatal más robusta. Es necesario garantizar inversiones en infraestructura, capacitación docente basada en mérito y subsidios para transporte escolar. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema educativo inclusivo que brinde oportunidades reales a las comunidades más vulnerables del municipio de Amapala.
El deber del Estado frente a la crisis educativa rural: medidas urgentes necesarias
La crisis educativa en las zonas rurales exige una respuesta inmediata y contundente por parte del Estado, cuya responsabilidad constitucional es garantizar una educación equitativa y de calidad para todos los ciudadanos. Este deber incluye asegurar acceso universal, mejorar la calidad educativa, invertir en infraestructura y facilitar condiciones que permitan la continuidad escolar.
El Estado tiene una responsabilidad ineludible de garantizar que los programas sociales, como los gestionados por SEDESOL, cumplan con su propósito original: beneficiar a las poblaciones más vulnerables sin ser utilizados como herramientas políticas. Sin embargo, para que esto se materialice, es imprescindible una intervención estatal efectiva que fortalezca los mecanismos de protección social y asegure que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, sin discriminación ni condicionamientos partidistas.
La supervisión directa del gobierno debe consolidar un sistema de protección social robusto, transparente y basado en evidencia. Este enfoque, apoyado por iniciativas como las del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), incluye la implementación de mecanismos de registro eficientes, metodologías innovadoras para identificar a los más vulnerables y herramientas digitales para la entrega segura y ágil de beneficios. Además, es fundamental establecer mecanismos de monitoreo y veeduría social que permitan a la ciudadanía participar activamente en la supervisión de estos programas.
Actualizar las leyes relacionadas con la administración de programas sociales es una medida prioritaria. Estas reformas deben incluir sanciones severas para quienes utilicen los recursos con fines electorales. Asimismo, el gobierno debe asegurar que el personal encargado de gestionar estos programas sea seleccionado por mérito, eliminando cualquier influencia política en las designaciones. La profesionalización y capacitación continua del talento humano en SEDESOL son esenciales para garantizar la eficiencia y legitimidad de sus acciones.
La transparencia también debe ser un pilar fundamental. Publicar informes periódicos sobre la planificación, ejecución y resultados de los programas sociales mediante plataformas accesibles como el Observatorio de Desarrollo Social (ODS) permitirá a la ciudadanía monitorear el uso de los recursos públicos y exigir rendición de cuentas.
Estas acciones no solo restaurarán la confianza ciudadana en las instituciones públicas, sino que también garantizarán que los programas sociales cumplan su objetivo principal: mejorar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. La intervención estatal no es solo deseable; es urgente y necesaria para construir un sistema social inclusivo, resiliente y libre de manipulaciones políticas.
La intervención estatal no solo es necesaria, sino urgente, para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y garantizar que los programas sociales cumplan su objetivo principal: mejorar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.
miércoles, 19 de febrero de 2025
domingo, 16 de febrero de 2025
Puerto Grande y Amapala: Entre la Historia y los Conflictos del Golfo de Fonseca
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El 11 de diciembre de 1825, Honduras promulgó su primera constitución, estableciendo que los territorios insulares y marítimos que pertenecieron a la Corona Española pasarían a formar parte del naciente Estado. Entre estos territorios se encontraban las islas del Golfo de Fonseca, que quedaron bajo la jurisdicción de la República Federal de Centroamérica y, tras su disolución en 1839, pasaron a las repúblicas independientes. Ese mismo año nació Terencio Sierra en Coray, Valle, un personaje que marcaría la historia del sur hondureño. Político, militar y presidente entre 1899 y 1903, Sierra promovió obras como carreteras y el comercio bananero con la Standard Fruit Company. Sin embargo, su intento de extender su mandato en 1902 provocó su derrocamiento por Manuel Bonilla y su posterior exilio en Nicaragua, donde falleció en 1907. Uno de los episodios más curiosos de su legado fue la concesión de la Isla Zacate Grande durante su presidencia. Aunque los registros que vinculan a Sierra con la isla son escasos y controvertidos, se dice que transfirió la propiedad a una supuesta sobrina nicaragüense, Carmen Malespin de Lazo. Lo peculiar es que esta mujer habría nacido años después de la muerte de Sierra en 1907, lo que levanta serias dudas sobre la legitimidad de sus títulos de propiedad.
En sus inicios, las tierras eran ocupadas bajo un sistema de posesión natural; no existían títulos de propiedad formales, y las familias simplemente notificaban a la alcaldía si deseaban cambiar de lugar. Sin embargo, con el tiempo, la llegada de empresarios y proyectos como la construcción de la carretera de Coyolito transformaron las dinámicas legales y sociales en la región. A lo largo de las décadas ubieron tres intentos significativos que buscaron regularizar la tenencia de tierras en Zacate Grande. El primero fue durante la reforma agraria de 1963, impulsada por Ramón Villeda Morales como parte de la Alianza para el Progreso, pero enfrentó resistencia de terratenientes. El segundo ocurrió en los años 90 bajo el gobierno de Leonardo Callejas, cuando empresarios como Miguel Facussé aprovecharon para documentar grandes extensiones de tierra, incluyendo 3,800 hectáreas en Zacate Grande. Finalmente, en 1991, durante la administración municipal conocida como "Juanque", se otorgaron más de mil dominios útiles, pero muchos registros se perdieron o fueron anulados. para finalizar el último intento que se realizó por dar un registro Legal a la comunidad donde se tendría legalmente datos históricos sobre su fundación Fue en marzo de 2024 con el inicio de la medición y regularización de terrenos en Zacate Grande, la idea es resolver décadas de conflictos por la tenencia de tierras y otorgar seguridad jurídica a los pobladores. Sin embargo, el proceso enfrenta grandes desafíos significativos. Como la falta de claridad sobre los títulos originales y las disputas con empresarios poderosos complican el proceso. Tras años de despojos y desalojos violentos, muchas familias temen que esta iniciativa sea utilizada para legitimar antiguos abusos y aunque el gobierno ha mostrado interés en resolver el problema, será crucial garantizar transparencia y priorizar los derechos históricos de las comunidades sobre intereses privados.
martes, 11 de febrero de 2025
domingo, 9 de febrero de 2025
Amapala: entre la política y la miseria
Veinte años bajo el mismo alcalde no han sido suficientes para despertar en la población del sur de Honduras la necesidad de un cambio. Tampoco los recursos y ganancias generados a través del voto han sido bien invertidos, algo evidente con solo recorrer el tramo entre Las Pilas y Puerto Grande.
En un acto que algunos consideran intimidatorio, el Partido Liberal de Amapala ha publicado mensajes en diversos espacios contra quienes lo acusan sin pruebas. "La calumnia es un delito grave", concluye su comunicado, en el que intentan justificar un gasto de 105 mil lempiras por 20 volquetadas de tierra. Sin embargo, este es solo uno de los muchos temas que la municipalidad debería aclarar.
Durante el golpe de Estado de 2009, se anunció la construcción de un puente que uniría la Isla del Tigre con Zacate Grande. En ese entonces, el Congreso Nacional entregó 10 millones de lempiras al alcalde de Amapala. Hoy, los habitantes se preguntan: ¿dónde está ese dinero? Coyolito, con su muelle deteriorado, playas privatizadas y falta de desarrollo turístico, refleja la negligencia administrativa. Este panorama es un espejo del futuro que amenaza a Zacate Grande: sobrevivir entre política y miseria.
La población local también critica las regalías y dádivas otorgadas durante las festividades, como los 90 mil lempiras destinados a la feria de San Pablo, mas de medio millon de pesos en compra de juguetes, una villa navideña de mas de 160mil y muchos resivos sin fecha, por lo que no se puede corroborar si el proyecto o actividad se realizo.
lunes, 27 de enero de 2025
martes, 21 de enero de 2025
miércoles, 8 de enero de 2025
domingo, 5 de enero de 2025
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