La política hondureña enfrenta un desafío crítico en la instrumentalización de los programas sociales como herramientas de manipulación electoral, una práctica que no solo distorsiona los principios democráticos, sino que también perpetúa la desigualdad y el clientelismo. Este fenómeno se ha evidenciado recientemente en las denuncias contra el Movimiento 28 de Junio (M28), acusado de utilizar recursos estatales para consolidar su liderazgo en las elecciones primarias del partido Libre.
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El uso de programas sociales con fines políticos no es nuevo en Honduras. Durante gobiernos anteriores, como el del Partido Nacional, se implementaron estrategias similares, donde iniciativas como el "Bono 10 Mil" o las "Bolsas Solidarias" fueron utilizadas para crear redes clientelares y asegurar votos en años electorales. Estas prácticas han sido señaladas como una forma de asistencialismo que fomenta la dependencia y mina la dignidad de los ciudadanos al convertir derechos sociales en instrumentos de control político.
En el caso del M28, las denuncias incluyen amenazas a beneficiarios de programas sociales con la suspensión de beneficios si no apoyaban al movimiento, así como la compra directa de votos. Estas acciones no solo generan divisiones internas en el partido Libre, sino que también debilitan la confianza pública en los procesos democráticos y en los ideales que el partido dice representar.
Estas prácticas tienen consecuencias profundas. En primer lugar, desvirtúan los programas sociales diseñados para combatir la pobreza, desviando recursos destinados a los más vulnerables hacia fines políticos. En segundo lugar, refuerzan un modelo político basado en el clientelismo y el oportunismo, alejándose de cualquier visión transformadora o inclusiva. Finalmente, estas acciones erosionan la legitimidad del sistema democrático, alimentando el desencanto ciudadano y fortaleciendo narrativas de corrupción.
Es urgente realizar auditorías independientes sobre el uso de los recursos destinados a programas sociales para garantizar que sean empleados exclusivamente para su propósito original.
Fomentar la supervisión comunitaria en la implementación de estos programas puede ayudar a evitar su manipulación política.
Promover una mayor conciencia entre los ciudadanos sobre sus derechos y sobre cómo identificar y denunciar prácticas clientelistas.
Los responsables de estas irregularidades deben ser investigados y sancionados conforme a la ley para disuadir futuras prácticas similares.
El uso oportunista de programas sociales con fines políticos refleja una crisis ética y estructural en el sistema político hondureño. Revertir esta situación requiere un compromiso firme con la transparencia, la justicia social y la construcción de un modelo político que priorice los intereses colectivos sobre las ambiciones personales o partidistas. Solo así se podrá avanzar hacia una democracia más auténtica e inclusiva en Honduras.
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