El comunicador en el exilio, Luis Rodrigues, ha encendido las alarmas al acusar a varios alcaldes hondureños, incluyendo a Alberto Cruz, alcalde de Amapala, de estar vinculados con Midence Oquelí en una red de lavado de dinero que presuntamente facilita las operaciones de la estructura criminal MS-13 en la región. Estas denuncias han generado indignación pública y demandas de acción inmediata por parte del Estado.
La falta de una investigación seria y transparente podría tener graves repercusiones para el gobierno hondureño. La inacción no sólo debilitaría la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también podría ser interpretada como complicidad o incapacidad para enfrentar el crimen organizado. Además, el señalamiento de autoridades locales como presuntos colaboradores de redes ilícitas amenaza con erosionar aún más la estabilidad política y social del país.
Organizaciones civiles y sectores internacionales han comenzado a observar con atención este caso, advirtiendo que la omisión estatal ante estas acusaciones podría consolidar un clima de impunidad y profundizar la crisis institucional. Mientras tanto, Rodríguez ha reiterado su compromiso de seguir denunciando pese a los riesgos personales que enfrenta en el exilio. La presión sobre el gobierno es clara: actuar o enfrentar una pérdida irreparable de legitimidad.
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